El modelo económico de la crisis de Hidroituango

No es posible pasar la página de la llamada contingencia en Hidroituango sin que se esclarezca toda la verdad. El taponamiento de la galería de desviación, la posterior creciente que derrumbó viviendas, instituciones educativas, puentes y otros inmuebles; el reciente desastre ecológico que no consistió solo en la muerte de unos cuantos miles de peces, sino que causó daños severos en ciénagas, humedales y áreas de recarga del río, sumado todo eso a la quiebra de negocios, la desvalorización de propiedades y la caída de la actividad económica, sin dejar de contemplar el estrés y el sufrimiento de las comunidades aguas abajo y desde luego, los enormes sobrecostos que implica la recuperación del proyecto, que sin duda nos cobrarán vía tarifas a todos los colombianos, no pueden pasar a la historia como una anécdota más.

La verdad servirá para definir las compensaciones, para prevenir la repetición de los hechos y sobre todo, en el caso para hallar las culpabilidades individuales que se identifiquen y adoptar las medidas a que haya lugar. Esto desde luego tendrá que hacerse mediante una investigación independiente, llevada a cabo sin la contaminación de quienes directa o indirectamente tuvieron que ver con decisiones que hubieran podido incidir en el desencadenamiento de la emergencia.

Dicho lo anterior, hay que contar brevemente la historia que condujo a que el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango se haya entregado para su ejecución a EPM y las condiciones bajo las cuales se hizo. En mi condición de Diputado de Antioquia jugué un papel dinámico en el debate en torno a la estructuración, planeación y puesta marcha del mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia.

Estoy convencido que fue un acierto haberlo entregado a EPM, pero el haberlo hecho en el marco de la matriz oficial de generación de energía y en el modelo económico imperante, tuvo mucho que ver con la gravísima situación que hoy subsiste en la mega obra. Este es un aspecto del que poco se habla, y a mi juicio es la columna vertebral del problema.

Coinciden varios opinadores calificados en que el afán de cumplir los plazos fatales definidos en la adjudicación de la subasta de energía en firme, para garantizar la rentabilidad del proyecto, derivó en una cascada de decisiones que, acertadas o erradas, condujeron a la crisis que hoy enfrenta Hidroituango. Un asunto que, repito, deberá establecerse de manera precisa y seria.

La Constitución de 1991 generó leyes como la 142 y 143 en 1994 con un fuerte ADN neoliberal. Estas normas regularon la prestación de los servicios públicos domiciliarios y trocaron el concepto del derecho ciudadano por el del negocio, lo que obligatoriamente y por imposición de la ley, tenía que producir alta rentabilidad para las empresas especializadas en el tema, privadas y públicas, las cuales empezaron a vestir el traje de inversionistas, archivando el de prestadores de servicios públicos.

Con ese marco legal y conceptual se desarrolló la matriz para la generación de energía eléctrica vigente, según la cual los inversionistas dispuestos a incursionar en el negocio, participan en subastas programadas por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, del Ministerio de Minas. A quienes se les adjudica lo que se denomina generación de energía en firme, se comprometen a desarrollar proyectos que garanticen ganancias primero que todo. En este contexto también acceden a estímulos económicos financiados con una porción de las propias tarifas, llamados “cargos por confiabilidad” es decir, estímulos para los inversionistas pagados por los usuarios. Y desde luego para acceder a esos recursos y evitar multas, deben cumplir con fechas y condiciones precisas.

A la sociedad promotora del proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango, en ese momento de propiedad de EPM (46%), IDEA y Gobernación de Antioquia (46%) y socios privados (8%), le fue adjudicada en junio de 2008 la generación de energía en firme mediante cargo por confiabilidad, para generar 1.085 Gigavatios en diciembre de 2018 y otro tanto a finales de 2020.

En julio de 2008, un mes después de la adjudicación de la generación de energía en firme a la sociedad promotora, el entonces Gerente del IDEA Álvaro Vásquez Osorio, subalterno del Gobernador Luis Alfredo Ramos, adelantó una operación de “toma hostil” de la empresa: les compró las acciones a los socios minoritarios a un precio muy superior al del mercado, con lo que obtuvo más de la mitad de las acciones para el Departamento de Antioquia y el IDEA y logró el control de la empresa y del proyecto al quedar con 3 de los 5 miembros en la Junta Directiva.

A continuación, anunciaron la apertura de un proceso de subasta mediante el cual se escogería el contratista o concesionario encargado de la ejecución del proyecto, proceso en que, como lo denuncié en su momento () sería ganado por un proponente brasilero o por uno asiático, pues a pesar de que EPM fue precalificada, no tenía el músculo financiero para competir en ese proceso con los monstruosos capitales extranjeros. En todos los pasillos se comentaba en voz alta que detrás del extraño proceso de selección ya había pactos de comisiones y coimas. La subasta estaba prevista para julio 31 de 2010.

La reacción de los antioqueños fue de consecuente respaldo a EPM y salvo el pequeño círculo de amigos del Gobernador y del Gerente del IDEA, la ciudadanía exigió que el proyecto fuera entregado a la empresa pública de la que el Municipio de Medellín es propietaria en un 100%. Finalmente, EPM acordó con la Gobernación de Antioquia un contrato que, de un lado, le garantizaba una magnífica tasa de retorno a la inversión y a la Gobernación se le entregaban unas utilidades anticipadas del proyecto.

Pero las condiciones en las que se pactó la concesión, denominada BOOMT, fueron las de corte neoliberal impuestas por las políticas del Gobierno nacional, en las que lo que importaba era el cierre financiero, la tasa interna de retorno y lo peor de todo, la vinculación del capital financiero internacional y local al proyecto.

El 1° de abril de 2011, junto al Concejal del POLO de Medellín, abogado Carlos Ballesteros, formulamos a la Gerencia de EPM una propuesta de financiación que excluía a esos capitales, proposición que apenas mereció una lacónica respuesta del entonces Gerente de la empresa diciendo que la “analizaría” ().

La historia de ahí en adelante es bastante conocida. La sociedad promotora que ya tenía el nombre de Hidroituango E.S.P. S.A. bajo el control de la Gobernación de Antioquia se concentró en su papel de aprobar los recursos que se reconocerían como inversión en la concesión BOOMT y en la vigilancia de que los cronogramas se cumplieran y EPM asumió la responsabilidad total del proyecto y en el desarrollo del mismo contrató interventorías, asesorías y empresas constructoras. ()

Entre las dificultades iniciales hubo serios enfrentamientos con sectores de las comunidades. Esto último porque la propia normatividad para la construcción de hidroeléctricas en Colombia no contempla todos los costos sociales, económicos y ambientales asociados. Además no tenía en cuenta ninguna medida compensatoria para las afectaciones a la población ubicada aguas abajo del proyecto, una aberración explicable por el criterio de construir generadoras de energía solo para garantizar altas tasas de ganancia.

La lógica del contrato era poner en funcionamiento 4 generadores en diciembre de 2018, como fuera. Incumplir la fecha demoraría recuperar la inversión en el tiempo definido en el cierre financiero, afectando las finanzas tanto del dueño del proyecto, como las del propio concesionario, pero adicionalmente una eventual demora abría la puerta al cobro de una multimillonaria multa por parte del Ministerio de Minas.

Y empezaron los problemas que nadie hubiera deseado, primero con los contratistas. Quedó mal el consorcio chileno–colombiano de Ferrovial Agroman Sainc, al que se adjudicó el contrato del túnel de desviación del río para poder construir la casa de máquinas y la presa, obras estas denominadas obras principales y que fueron asignadas en otra licitación al consorcio CCC conformado por Camargo Correa–Conconcreto y Coninsa Ramón H, el cual, vale la pena recordar, le ganó el pulso a Odebrecht.

Al empezar los retrasos en el cronograma, el dueño del proyecto Hidroituango E.S.P. S.A. le exige a EPM correctivos, y EPM decide convenir con el contratista de las obras principales, el consorcio CCC, que asumiera el contrato que no cumplieron los chilenos; construir dos galerías adicionales de desviación y aumentar la intensidad de las obras en cuanto a horario, personal y equipo.

El socio mayoritario, la Gobernación de Antioquia, exige el cumplimiento del contrato, mientras el socio minoritario y contratista EPM adopta las medidas que sus técnicos, asesores y contratistas le recomiendan y luego aparece la contingencia de abril de 2018.

En ese momento un oscuro contratista que había realizado parte del retiro de la capa vegetal, persona natural experta en vivienda en el Quindío, del que prácticamente nadie se ha ocupado, deja árboles talados al garete en el embalse, vegetación que tapona la única galería de desviación habilitada por decisiones técnicas que hoy están en el ojo del huracán, consistentes en taponar con concreto las otras dos para cumplir el cronograma. Desde el 28 de abril de 2018 hasta hoy, ha sido suficientemente cubierto por los medios masivos de comunicación el desarrollo de la contingencia.

A mi juicio, la prioridad hay que ponerla en la exigencia para que EPM atienda totalmente los daños causados a la población y al medio ambiente. Es obligatorio e indispensable, además de atender la población con alimentos, carrotanques con agua o kits de aseo, habilitar y atender albergues o pagar arriendos temporales, atender la crisis económica que padecen los habitantes de Ituango, la región del Bajo Cauca antioqueño y parte de la Mojana. Por ello un plan integral de atención se hace imperativo y debe ser paralelo a la debida atención de la emergencia.

De otro lado es imperativo que se elabore un plan de atención integral a los daños ambientales, que incluya repoblamiento de peces en el Río Cauca y un manejo de caudales hídricos que conduzca a la recuperación en el menor tiempo posible de los humedales, ciénagas y sitios de recarga del río. La intervención para la atención de los daños ambientales, sociales, económicos y sicológicos no puede ser una operación cosmética ni solo de manejo reputacional de EPM.

Pero especialmente solicito de manera expresa, aunque parezca una frase “original” de Pablo Cohelo, que como sociedad aprovechemos esta crisis para evaluar y rectificar el rumbo de la matriz de generación y prestación del servicio público de energía eléctrica y de paso el de todos los demás servicios públicos domiciliarios.

No más prestación de servicios públicos como fuente de renta para capitales especulativos y para banqueros. No más proyectos hidroeléctricos cicateros con los ciudadanos que deben cambiar su vida para darles paso; no más proyectos de generación de energía que no atiendan todos los daños y afectaciones al medio ambiente. No más hidroeléctricas que generen progreso y enriquecimiento para los inversionistas y limosnas para los entes territoriales. El llamado progreso no puede ser el origen del sufrimiento de los ciudadanos.

Conté la historia de cómo se llegó a que EPM asumiera el control del proyecto, entre otras cosas para que se sepa que la hidroeléctrica estuvo a punto de ser entregada a un inversionista privado y extranjero y para que hagamos el ejercicio de pensar en lo que hubiese podido pasar en esa circunstancia. En medio de todo el desastre hay que rescatar que, a pesar de que la aplicación a tutiplén de la política neoliberal que han puesto a EPM a operar con los criterios de los privados, sigue siendo pública y no tiene para donde irse, para decirlo de manera coloquial.

Y concluyo mis reflexiones con esto: muchos ciudadanos que se pronuncian de forma indignada y espontánea por lo que está pasando con Hidroituango tienen todo el derecho a hacerlo y no deben ser estigmatizados por sus opiniones, aunque muchos no lo hagan con información técnica precisa. Pero dirigentes informados que hacen declaraciones irresponsables y politiqueras sobre la crisis, que pueden ser utilizadas por las aseguradoras para argumentar la negación del pago de las pólizas o por los prestamistas para hacer bajar la calificación de riesgo de EPM y de esta forma subir las tasas de interés de sus créditos, si son por lo menos muy sospechosas. ¡¡¡Que no termine este problema gravísimo en otra intentona de los promotores de la privatización de EPM!!!

Saquemos las lecciones que esta penosa situación nos deja y emprendamos los correctivos que sea menester.

Medellín, febrero 12 de 2019

*Representante a la Cámara por Antioquia

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.