- 24 abril, 2019
- Posted by: Yamid Lopez
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Se trata del parqueadero donde la Gobernación de Antioquia pretendía construir el denominado Central Park.
Los afectados con el desalojo hecho desde hace más de 6 meses, retomaron la posesión desde este martes 23 de abril.
La Inspección Municipal de Bello acató la orden judicial proferida por el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y emitió Resolución restitutiva del Parqueadero y Servicios Bellavista. En la decisión se permite el ingreso a este inmueble de los afectados, quienes durante más de dos años fueron sujetos de inconsistencias jurídicas y atropellos judiciales.
La orden judicial ordena suspender los efectos jurídicos de la disposición policial que lideró el arbitrario desalojo en septiembre de 2018. De inmediato los afectados tomaron posesión del lote donde han laborado por más de 30 años.
La decisión emanada del Juzgado 26 Administrativo Oral es de última instancia y no procede recurso alguno, dictaminó el Inspector de Policía con Funciones de Control de Espacio Público de Bello Julián Andrés Yepes Estrada.
Con la Resolución 201900001794 “Se da cumplimiento a una decisión judicial y se ordena suspender los efectos jurídicos de una orden policial para la restitución del inmueble Parqueadero y Servicios Bellavista” y devuelve este lote a las 250 familias que permanecían desalojadas de ese inmueble ubicado en el barrio Las Vegas del municipio de Bello.
La disposición del Inspector municipal acata una orden del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín que decretó el 16 de octubre de 2018 una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del desalojo y demolición del inmueble, ratificada cuatro meses después mediante instrucción judicial el 28 de febrero de 2019.
Los afectados tomaron posesión del lote este 23 de abril de 2019 señalando la inoperancia administrativa de los entes territoriales. Retomar el lote ocurre luego de ser defendidos en las citadas decisiones judiciales y tras cerca de siete meses de desamparo institucional. Durante este lapso estuvieron cesantes y con la frustración económica, familiar y social por haberles arrebatado el sitio donde trabajaron por más de 30 años.
Entre tanto continúa su curso una medida cautelar a favor de los afectados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Le corresponde ahora a la Gobernación de Antioquia dar respuesta a la opinión pública por los 49 mil millones de pesos anunciados para la construcción del proyecto, pese a no disponer del lote para su edificación.
Con la determinación jurídica queda en evidencia el intento de la administración seccional de sobrepasar los límites de la justicia, pues durante más de seis (6) meses vulneró los derechos fundamentales de las familias. Es necesario indicar que éstas no quieren frenar el desarrollo de los antioqueños, pero piden que respeto a sus necesidades y derechos al trabajo, la vida, la honra y en especial al DEBIDO PROCESO.
Es importante tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene una medida cautelar a favor de los afectados.
Contacto para medios de comunicación Carlos Contreras 3002249200
Abril 23 de 2019
