- 15 abril, 2020
- Posted by: Yamid Lopez
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Durante la primera sesión formal que realizó la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desde que inició la Cuarentena, se aprobaron de manera unánime varias proposiciones que presentaron diferentes representantes dentro de las que se encuentran: la citación a debate de control político al Ministro de Salud, Fernando Ruiz; y así mismo, en otra sesión, al Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
El representante del Polo democrático, Jorge Gómez, lideró una de las proposiciones sobre el debate al jefe de la Cartera de Salud, para que, “explique de manera concreta las medidas que se han adoptado y se van a adoptar para resolver la crisis, de la mejor manera, y fortalecer el sistema hacia el futuro, debido a la pandemia por el COVID-19”, indicó el congresista.
Gómez, destacó algunas preguntas del cuestionario como: el déficit de elementos de bioseguridad para el personal de salud; entrega de recursos a las EPS, con la garantía que lleguen a los prestadores de salud; y un seguro de vida para personal de salud.
En este sentido también se sumó la representante del Centro Democrático, Jennifer Arias, con cuestionamientos sobre estabilidad, garantía y todo lo que tiene que ver con el talento humano del personal de salud. E igualmente la representante Ángela Sánchez Leal, señaló que incluirá un capítulo importante de interrogantes sobre la situación en Bogotá, ya que es donde está el mayor número de contagios; la necesidad de aprobar la ley Jacobo, para no dejar de lado la atención a los niños con cáncer, ya que ahora se prioriza la pandemia; y, denuncias de usuarios en atención de salud, por lo que también pidió se incluyera la presencia del Súper Intendente de Salud.
Al respecto la Comisión estuvo de acurdo en hacer, antes de ese debate, una audiencia pública para escuchar a los miembros de las organizaciones nacionales y regionales de salud, para así tener más insumos e igualmente poder incluir esas inquietudes y trasmitirlas al ente rector de la salud en el país.
De la misma manera se aprobó una proposición también de la representante de Cambio Radical, Ángela Sánchez, para citar a debate de Control político al Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para que responda sobre las medidas y acciones que esta cartera está adelantando para garantizar el derecho al trabajo durante el estado de emergencia decretado por el presidente Duque como resultado de la pandemia generada por el COVID-19.
Otro debate aprobado va dirigido las EPS, y fue presentado por el representante liberal, Henry Correal, quien señaló que luego de escuchar las respuestas del ministerio de Salud se puede realizar otra sesión más específica, teniendo encueta que las EPS tienen una cobertura cercana al 98 % de los colombianos, y que así, “entonces, deben explicar qué están haciendo para la contención y tratamiento del virus, y cómo articulan para que la red de salud atienda a sus afiliados”, expuso el congresista.
Por su parte, el Representante del Centro Democrático, Jairo Cristancho, ante el anuncio del gobierno, de grabar los salarios de los altos funcionarios del estado que devenguen más de diez millones de pesos, señaló que, “hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que los recursos provenientes de este gravamen, se destinen puntualmente a fortalecer el funcionamiento del sector salud y red pública hospitalaria para enfrentar la coyuntura debido al COVID-19”. Proposición que fue respaldada por otros representantes y aprobada también por unanimidad.
Finalmente y de la misma manera se aprobó enviar una comunicación al presidente de la república, Iván Duque, en la que la Comisión pide derogar los artículos 2,3 y 9 del Decreto 538 de 2020, argumentando que van en contravía de los intereses de la red hospitalaria pública y del personal de salud.
El representante del Partido Liberal, Juan Carlos Reinales, expuso los motivos, manifestando que, “los artículos 2 y 3 le dan facultad a las EPS, para que puedan contratar las actividades de salud pública con entidades privadas, e incluso con organizaciones que pertenezcan al mismo conglomerado de las EPS (favoreciendo claramente la integración vertical y además le permite a los entes territoriales que contraten con privados los recursos del plan de intervenciones colectivas, cuando por norma es obligatorio que lo hagan con la red hospitalaria pública. La idea es proteger a los hospitales públicos y no seguir dejándolos relegados. Y en el caso del artículo 9, no compartimos que a través de decreto se obligue al personal de salud bajo cualquier circunstancia, máxime cuando este personal tiene condiciones mínimas de protección”, puntualizó Reinales.
Tomado de: https://www.camara.gov.co/comision-septima-cita-a-debates-de-control-politico-a-ministros-de-salud-y-trabajo